Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, examinó este viernes la determinación del Poder Ejecutivo de anular administrativamente el acuerdo pactado entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama, citando «serias infracciones legales» perpetradas por la compañía a lo largo del vínculo contractual.
Durante una conversación con Subrayado, Díaz aludió a la omisión en la entrega de la garantía de buen desempeño y a la provisión de documentos apócrifos, lo que calificó como un «quebrantamiento flagrante del contrato». «No solo se presentó una garantía con naturaleza fraudulenta, sino que también se dejó de cumplir la obligación de conservarla activa durante la vigencia del acuerdo», manifestó.
El funcionario gubernamental detalló que se le informó a Cardama sobre la falsedad de la garantía, se le comunicó la resolución correspondiente y la intención de iniciar acciones legales por vía penal. «Nunca existió, por parte del astillero, una voluntad de formalizar el reemplazo de dicha garantía», afirmó categóricamente.
Díaz subrayó que el astillero jamás entregó otra garantía de manera formal. «Hasta la fecha, el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento», resaltó.
Respecto a la garantía de reintegro financiero, diseñada para asegurar que los fondos proporcionados por Uruguay al astillero se utilizaran exclusivamente para la construcción de las dos patrulleras oceánicas, el Ejecutivo constató que la documentación aportada por Cardama no correspondía a una póliza. «Al consultar a los asesores legales de la compañía aseguradora, nos confirman la existencia de una póliza, pero aclaran que el documento presentado no lo es. Posteriormente, al solicitar la póliza real, se nos proporciona un escrito distinto al que ellos habían adjuntado inicialmente. Esto significa que, poseyendo la póliza genuina, el astillero presentó otro papel sin relación, y dicha póliza original, además, aparenta no ajustarse a las condiciones contractuales sobre su reducción solo con la entrega del primer navío», pormenorizó.
Díaz añadió que la aseguradora solicitó al astillero una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros para cubrir la fianza. De la revisión de los documentos, se desprende que «dichos 3 millones de euros fueron, de hecho, abonados con fondos del Estado uruguayo, a través de tres desembolsos de cerca de 1 millón de euros cada uno, que coinciden con la finalización de los hitos del proyecto. Es decir, al completarse una etapa, el Estado pagaba, y el astillero transfería 1 millón de euros a la reaseguradora», explicó. «Aparentemente, una porción de los recursos destinados a la fabricación de las embarcaciones se utilizó para establecer una contragarantía», concluyó.
El prosecretario resaltó que el convenio con Cardama era de índole de suministro, firmado bajo el amparo del TOCAF, y que ahora se disuelve por vía administrativa debido a un incumplimiento grave, amparándose en el artículo 70. «En consecuencia, desde la notificación efectuada hoy, el contrato deja de tener validez», enfatizó.
En cuanto a la audiencia de mediación, programada para el 16 de marzo, Díaz señaló que la convocatoria recae en el Ministerio de Defensa Nacional y no en la Presidencia de la República. Desde su perspectiva legal, argumentó que dicha audiencia carecería de propósito, dada la invalidez del contrato tras su cancelación. «El Estado uruguayo ya ha adoptado una determinación», afirmó nuevamente. Díaz aseveró que la resolución ya fue comunicada y rememoró un proceso administrativo donde el astillero fue informado de los pasos y se le concedió dos instancias para presentar sus descargos, los cuales, según indicó, no abordaron los puntos señalados.
Interrogado sobre las objeciones de la oposición, que calificaron la decisión como política, Díaz remarcó que se fundó en razones legales y técnicas. «La oposición ha estado proponiendo desde hace días una discusión de índole política. Ese debate, como es debido, tendrá lugar en el Parlamento», expresó.
El prosecretario presidencial identificó cuatro niveles de responsabilidad: la política, cuya evaluación compete al Parlamento, donde podría establecerse una comisión investigadora del caso; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía tras la denuncia del Ejecutivo; la administrativa, que abarca posibles pesquisas internas, como las ya concluidas en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, y la del Ministerio de Defensa Nacional, todavía sin resolución; y la civil, que iniciará con la demanda del Estado uruguayo contra Cardama por los perjuicios y para recuperar los 28 millones de euros invertidos.
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