La coalición opositora logró reunir los votos necesarios para establecer una comisión investigadora en la Cámara de Representantes respecto al llamado «caso Cardama». Por su parte, el Frente Amplio (FA) anunció que promoverá una iniciativa similar en el Senado.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva se mostró sumamente crítico con la gestión del caso Cardama y solicitó la dimisión de la Ministra de Defensa, Sandra Lazo. Da Silva afirmó que la situación es «una puesta en escena» que podría implicar un costo «entre 100 y 200 millones» de dólares para la ciudadanía. Desestimó los argumentos previos al señalar que «todo el argumento es una bobada», y consideró «inadmisible» que la ministra Lazo «siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares». También cuestionó los argumentos presentados por Jorge Díaz, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia.
En contraste, el senador por el Frente Amplio, Sebastián Sabini, sostuvo que el Estado uruguayo no corre el riesgo de perder un litigio con Cardama. Además, criticó a la oposición por los términos del contrato firmado originalmente. Sabini también aclaró que la bancada del Frente Amplio «no fue consultada» sobre la conformación de la comisión investigadora en Diputados.
El legislador frenteamplista subrayó que el expediente «estuvo 11 meses parado» y que la urgencia en su tramitación surgió en octubre, «cuando vieron que iban a perder las elecciones». Añadió que la orden de pago se dio en febrero, poco antes de la entrega del gobierno. Según Sabini, «si hay una prueba de buena fe del gobierno uruguayo, es que se realizaron los pagos», y que quienes no cumplieron los hitos lo hicieron «porque era irrealizable ese contrato», ya que «quisieron ahorrar en algo que no se puede ahorrar» y «no hay ningún astillero del mundo capaz de hacer dos OPV por 90 millones de dólares». Sabini concluyó que «hubo errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas» y que aún restan explicaciones sobre la elección de lo que el actual gobierno considera «la peor propuesta».
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