El Ejecutivo ha remitido al Parlamento una propuesta legislativa con el fin de actualizar el programa Uruguay Impulsa. Este proyecto introduce modificaciones en la distribución de las plazas laborales, otorgando una prioridad especial a grupos en situación de vulnerabilidad, destacando a aquellos que residen en la vía pública.
Una de las novedades clave es la asignación del 10% de las vacantes —aproximadamente 550 puestos— a individuos en situación de calle que son asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Adicionalmente, se establece que el 5% de las oportunidades laborales, lo que representa 275 plazas, será reservado para personas que hayan egresado recientemente del sistema carcelario.
La iniciativa conservará un total de 5.500 puestos de trabajo, con una duración de cuatro meses y una compensación equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que actualmente se traduce en aproximadamente 20.500 pesos por mes. Asimismo, se contempla que el 60% de los empleos se destinen a personas que tienen menores bajo su cuidado, manteniendo también cupos específicos para la población afrodescendiente, individuos con discapacidad, personas trans y mujeres que han sufrido violencia de género.
El objetivo central de esta propuesta es responder a la elevada necesidad de empleo y potenciar las posibilidades de integración laboral para los colectivos más desfavorecidos.
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