Conrado Ferber, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) entre 2021 y 2025, ha puesto en tela de juicio el modelo de la industria avícola uruguaya, específicamente el elevado costo de la carne de pollo y su calidad. Ferber, también productor agropecuario, manifestó su preocupación por el hecho de que, en Uruguay, el pollo no cumple su rol global de ser una proteína económica y fácilmente accesible. Subrayó que, de manera anómala, el precio de una suprema es comparable al de un corte de carne vacuna.
Según el exjerarca, esta peculiaridad tarifaria no se justifica por la eficiencia productiva ni por la capacidad de conversión alimenticia del ave. En cambio, atribuye la situación a un complejo esquema político y empresarial que ha protegido al sector avícola desde que fallaron las exportaciones hacia Venezuela, bajo el pretexto de otorgarle tiempo para una reconversión y la apertura a mercados más exigentes.
En una columna de opinión divulgada en el portal agropecuario atomorural.com, Ferber detalló que esta realidad es el resultado de la injerencia de un poderoso lobby. Este grupo habría contribuido a establecer un mercado interno cautivo, caracterizado por precios elevados y una calidad constantemente bajo debate. Además, el alto costo del producto nacional ha propiciado un contrabando creciente e incontrolable desde Brasil.
Ferber planteó una cuestión central para el futuro: ¿continuará Uruguay manteniendo un sistema que fuerza a los consumidores a desembolsar grandes sumas por un pollo de calidad incierta? O, por el contrario, ¿se atreverá a liberalizar el mercado con normativas claras y estándares globales, para así impulsar una verdadera transformación del sector y posicionar al país como un jugador relevante a nivel internacional? Esto, según su visión, permitiría desarrollar un rubro crucial para muchas familias que, bajo el amparo actual, difícilmente prosperará.
El expresidente del INAC explicó que la protección del sector se manifiesta en la limitación de importaciones a solo el 5% del consumo interno. A esto se suman permisos de importación otorgados mediante sorteo, estrictas exigencias técnicas que dificultan la entrada de productos extranjeros, y la reducción de la vida útil del pollo congelado importado a diez meses, a diferencia del estándar mundial de doce.
Todo ello provoca que el precio del pollo local se mantenga cercano al de la carne vacuna, una situación que, según Ferber, genera márgenes de ganancia extraordinarios para algunos o, alternativamente, encubre profundas ineficiencias operativas. Esta «muralla» protectora se erige, a su entender, gracias a la acción de un «lobby poderoso» que ha logrado imponer argumentos de índole cultural para eludir la necesaria inversión en estándares internacionales de enfriamiento o la implementación de sistemas de calidad como HACCP. La consecuencia directa es un mercado cautivo, oneroso y con una calidad constantemente bajo debate, donde el consumidor uruguayo termina sufragando la ineficacia de un modelo que no cumple los requisitos para acceder a la mayoría de los mercados externos.
El impacto de esta política se extiende más allá de la economía. El alto precio del producto ha incentivado el contrabando incesante de pollo desde Brasil, el cual ingresa sin las adecuadas cadenas de frío ni controles de inocuidad. Este contrabando representa un serio riesgo para la salud pública al ser comercializado en canales informales. Esta situación crea una paradoja evidente: la misma protección que encarece el pollo local fomenta un comercio informal peligroso.
Por otro lado, Ferber alertó sobre un significativo riesgo económico latente. A pesar de que Uruguay posee ventajas comparativas ideales para una avicultura moderna, como la disponibilidad de granos a bajo costo y abundante agua, la industria nacional, percibida como «adormecida» por el esquema de protección, podría ser rápidamente superada por eventuales inversores con plantas automatizadas y estándares internacionales. El expresidente del INAC subrayó que la excusa de la falta de recursos no es válida, ya que, mediante exoneraciones vía COMAP, se han realizado inversiones millonarias en infraestructura, incluyendo plantas de silos y granjas propias. Estas inversiones, sin embargo, se han concentrado en un «sistema ineficiente y obsoleto» que incluso ha llevado a marginar a los façoneros (engordadores tercerizados), evidenciando un modelo de negocio que no prioriza la competitividad.
En definitiva, Ferber reiteró su interrogante fundamental: ¿Está el país dispuesto a seguir respaldando un sistema que obliga al consumidor a pagar un precio elevado por un producto de dudosa calidad, o adoptará una postura proactiva para «abrir el juego» con reglas claras y estándares internacionales? Esto, según su visión, sería el camino para una transformación genuina de la industria, posicionando a Uruguay en el mercado global y fortaleciendo un sector del que dependen numerosos trabajadores, pero que, bajo el actual esquema de protección, es improbable que logre un desarrollo sostenible y evite riesgos económicos, políticos y sanitarios.
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