La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un dictamen favorable a la multinacional alemana Bayer, al determinar que la evaluación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que considera el herbicida Roundup como no carcinógeno, debe tener primacía. Esta decisión busca anular miles de litigios que vinculan el producto, fabricado por su subsidiaria Monsanto, con presuntos riesgos de cáncer.
La mayoría de los magistrados del tribunal, siete de nueve, concluyeron que la postura de la EPA respecto a la no carcinogenicidad del Roundup prevalece sobre las acusaciones presentadas en cortes estatales que alegan una conexión entre el uso del herbicida y el desarrollo de diagnósticos oncológicos.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Bayer —empresa que adquirió Monsanto en 2018— experimentaron un significativo aumento del 18,7% en la Bolsa de Fráncfort. La compañía, con sede en Leverkusen, Alemania, celebró la decisión, afirmando que esta “debería contribuir de manera significativa a poner fin a los litigios” que rodean al Roundup, los cuales se han extendido por casi una década. Cabe destacar que, desde 2018, Bayer ha destinado más de 10.000 millones de dólares para resolver pleitos vinculados al glifosato, componente principal del Roundup, y ha reservado otros 8.000 millones para casos pendientes.
La disputa escaló al máximo tribunal después de un veredicto en Misuri en octubre de 2023, donde un jurado obligó a Monsanto a pagar una indemnización de 1,25 millones de dólares a John Durnell. Durnell había desarrollado un tipo de cáncer que, según su testimonio, era resultado de su exposición al glifosato, ingrediente clave del Roundup. Su queja principal era que el fabricante no había incluido una advertencia sanitaria adecuada sobre los posibles riesgos del producto.
El veredicto en Misuri provocó una avalancha de demandas similares. Bayer, con el apoyo de la administración del entonces presidente Donald Trump, argumentó ante la Corte Suprema, de tendencia conservadora, que debería estar exenta de las demandas estatales, ya que la EPA había autorizado la comercialización de Roundup tanto para el público como para agricultores sin exigir ninguna advertencia sobre riesgos de cáncer.
La Corte Suprema procedió a revocar las sentencias de los tribunales de apelación inferiores. En la argumentación mayoritaria, el juez Brett Kavanaugh explicó que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés) “exige uniformidad y explícitamente anula los requisitos de etiquetado estatales”, lo que llevó a la revocación de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Misuri.
Sin embargo, en su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson discrepó, alegando que la mayoría había “malinterpretado la extensión de la preeminencia de FIFRA”. Esto, en su opinión, “en última instancia, priva a Durnell de una vía de compensación ante los considerables perjuicios que ha padecido”.
Mientras la EPA no exige una advertencia sobre cáncer para Roundup, al no considerar el glifosato como carcinógeno, la sustancia continúa siendo objeto de un intenso debate. En contraste, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha categorizado como «probablemente cancerígena».
Brent Wisner, socio director del bufete Wisner Baum y abogado con experiencia en litigios contra Monsanto, calificó el dictamen como un revés significativo. «Esta resolución representa un duro golpe para la responsabilidad corporativa», declaró Wisner, quien calculó que más de 60.000 demandas similares permanecían en proceso en tribunales estadounidenses. Concluyó: «Aunque no es el desenlace que esperábamos de la Corte Suprema, indica que aún queda mucho por hacer».
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