Fernando Rodríguez Sanguinetti, vicepresidente de la Caja de Profesionales, informó sobre la decisión de su institución de impugnar el decreto del Poder Ejecutivo que suprime el cobro de timbres profesionales en las consultas médicas hasta el 31 de julio de 2026. El directivo lamentó esta situación, argumentando que la exoneración del pago debería haberse establecido mediante una ley y no por decreto. «Hubiéramos preferido negociar,» expresó, señalando que la impugnación es una medida lamentable pero necesaria.
Rodríguez Sanguinetti indicó que la resolución interna de la Caja se adoptó hace aproximadamente mes y medio, período durante el cual intentaron sin éxito establecer contacto con el Poder Ejecutivo. Pese a la inminente impugnación, confirmó que tienen programada una reunión con representantes gubernamentales, a la que acudirán con una actitud dialogante en busca de alternativas.
La institución dispone de diez días, contados desde la publicación oficial del decreto, para formalizar su impugnación. Un equipo jurídico interno, apoyado por asesores externos, ya trabaja en la elaboración del documento necesario. Rodríguez Sanguinetti enfatizó la convicción de la Caja en la legalidad de su posición, afirmando que es una obligación de su Directorio «aplicar la ley que el Parlamento promulgó y que incluso el propio Poder Ejecutivo propuso en su momento».
En este contexto, la Caja de Profesionales explora diversas opciones para asegurar su sostenibilidad financiera. Entre sus propuestas figuran la derivación de una fracción del IVA de los profesionales hacia la institución, así como la reasignación del IASS que actualmente aportan los universitarios jubilados al BPS, para que en su lugar se dirija a la propia Caja. Adicionalmente, se considera la inclusión de 50 nuevas profesiones al régimen de aportes y la exigencia de contribución a todos los nuevos profesionales, sin importar su situación laboral (dependientes o independientes).
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