Tras una primera reunión entre representantes del gobierno (INAU, Inmujeres e Interior) y colectivos feministas, se puso de manifiesto la necesidad de implementar medidas más allá de la tobillera electrónica para abordar la violencia de género. Si bien la tecnología puede ser un complemento, se enfatizó la insuficiencia de este recurso para resolver la complejidad de las situaciones que enfrentan las mujeres víctimas de violencia. La discusión se centró en la necesidad de una respuesta integral que abarque la atención psicológica, el apoyo legal, la inserción laboral y la provisión de vivienda segura, entre otras necesidades cruciales.
Las organizaciones feministas destacaron la importancia de un enfoque multidisciplinario que incluya la capacitación específica para funcionarios públicos, la agilización de los procesos judiciales y la asignación de recursos adecuados para garantizar la protección efectiva de las mujeres. Se hizo hincapié en la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia de género, incluyendo la desigualdad económica y social, así como los patrones culturales que la perpetúan. La reunión sirvió como primer paso para construir un plan de acción conjunto, con el compromiso de futuras reuniones para avanzar en la elaboración de políticas públicas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de las víctimas. Se espera que este diálogo continuo permita el desarrollo de estrategias integrales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
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