Desde Gaetán, Un Solo Uruguay (USU) presentó una firme proclama en el marco de su 23E de 2026, el encuentro anual que congrega al movimiento cada 23 de enero desde su primera manifestación en 2018. El eje central de sus planteos fue la exigencia de un Estado «eficiente», aclarando que su objetivo no es su supresión, sino una profunda reestructuración de sus funciones. El colectivo reclamó un poder público que se limite a cumplir con sus responsabilidades esenciales, absteniéndose de intervenir en áreas que obstaculizan la productividad y la cotidianeidad de los ciudadanos. Este documento, leído por la docente Noelia Espinosa Zabaleta, de Casupá, enfatizó la necesidad de un cambio en la administración estatal.
Entre las funciones básicas del Estado, USU subrayó que la seguridad ciudadana es una «claramente incumplida». Denunciaron que la delincuencia opera con total impunidad tanto en zonas rurales como urbanas, mientras los ciudadanos respetuosos de la ley se ven agobiados por una carga excesiva de impuestos, multas y una constante sensación de inseguridad.
La elección de Gaetán, una localidad de Lavalleja cercana a la futura represa de Casupá –obra proyectada para mejorar el suministro de agua al área metropolitana–, como sede del 23E no fue casual. El movimiento buscó visibilizar la situación de unas ochenta familias, muchas de ellas rurales y vinculadas al agro, cuyas vidas se ven afectadas por esta decisión. En su documento de 2026, USU manifestó su solidaridad con estas familias, criticando las políticas que «no consideran la realidad territorial» y amenazan el sustento de quienes habitan y trabajan en el campo. Señalaron que el futuro no se construye «perjudicando» a los productores, y que el problema hídrico no debe abordarse con «medidas injustas, improvisadas y carentes de soluciones serias y sostenibles».
La pérdida sistemática de competitividad fue otro de los puntos neurálgicos de la proclama. USU afirmó que el desafío fundamental no reside en la ausencia de voluntad, sino en la «continua erosión de la competitividad». Subrayaron que Uruguay sigue siendo un territorio costoso tanto para la inversión como para la vida cotidiana, con tarifas públicas que no reflejan eficiencia, sino la necesidad de ingresos fiscales. Esta situación eleva el costo de producción por encima de los países vecinos, afectando la inserción en los mercados internacionales. El alto costo de la energía, según el movimiento, impacta severamente en las finanzas de los hogares y en el precio final de los bienes, contribuyendo al aumento del costo de vida y empujando a más ciudadanos a la pobreza. La diferencia entre los costos internos y el valor de los productos uruguayos en el mercado global está comprometiendo seriamente la rentabilidad de las exportaciones y del comercio local. USU enfatizó que la economía uruguaya se encuentra «indexada», con un incremento de precios que sigue el ritmo del sector público, mientras productores, comerciantes y exportadores enfrentan una doble presión: precios internacionales incontrolables y costos internos en constante ascenso. Para combatir el déficit fiscal, el movimiento propuso no aumentar la presión impositiva sobre el sector privado, sino implementar una «reforma profunda» que reduzca el gasto de la estructura política y administrativa del Estado. Cada trámite superfluo, permiso ilógico y regulación anticuada fueron descritos como «impuestos invisibles» que consumen el tiempo de quienes trabajan y desalientan la innovación emprendedora.
En esta coyuntura, Un Solo Uruguay criticó que los «conflictos gestionados inadecuadamente y las posiciones intransigentes» han provocado serias repercusiones económicas: leche descartada, cese de faenas, puertos paralizados y un Uruguay «desconectado» del ámbito global. El resultado recurrente, según USU, es el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y un país «rehén de confrontaciones» estériles. No obstante, el movimiento resaltó el sector pesquero como un «ejemplo histórico». A pesar de haber enfrentado una profunda crisis, esta industria logró recuperarse gracias a la colaboración entre trabajadores, empresarios y la sociedad. Demostró que la prevalencia del diálogo, la responsabilidad y la disposición al trabajo conjunto son esenciales para superar dificultades, un modelo que, a juicio de USU, otros sectores productivos deberán adoptar para asegurar su subsistencia.
USU reiteró su percepción de que «Uruguay se está apagando», argumentando que la falta de oportunidades impide que los jóvenes permanezcan en sus localidades o incluso en el propio país. Observan con preocupación la emigración de quienes habían elegido a Uruguay como destino, una «señal grave» que, según el movimiento, no debe ser ignorada. En este escenario de deterioro futuro, la educación surge como una preocupación nacional primordial. La oradora de la proclama enfatizó que el desarrollo es inviable si los niños y adolescentes abandonan el sistema educativo. Subrayó que la igualdad de oportunidades y una seguridad duradera dependen directamente de una educación de calidad que proporcione a las nuevas generaciones las herramientas para insertarse en el mercado laboral y la sociedad. La educación fue definida como la política social, de seguridad y productiva más importante del país. La proclama añadió que «cada joven excluido del sistema educativo representa un fracaso colectivo y una oportunidad irrecuperable» para el futuro de Uruguay. Defender la educación, afirmó USU, trasciende cualquier ideología, constituyéndose en una «responsabilidad nacional» hacia las futuras generaciones y la nación en su totalidad. En este marco, el movimiento instó a mejorar la infraestructura, con «rutas, puentes y conectividad digital» que integren efectivamente el interior del país con los centros de consumo y acceso al mundo. Demandaron que el presupuesto se traduzca en «servicios de salud y educación de calidad» distribuidos por todo el territorio, en lugar de concentrarse únicamente en la capital. Finalmente, USU reafirmó su postura de «no buscar privilegios», sino «reglas de juego claras». Argumentaron que las condiciones impositivas y laborales no pueden modificarse a mitad de camino, ya que la inversión requiere «previsibilidad a largo plazo». Insistieron en la necesidad de «seguridad» para proteger el trabajo y la propiedad, concluyendo que sin «seguridad jurídica ni física, la inversión es imposible».
Como cierre, Un Solo Uruguay anunció su intención de proponer un «compromiso nacional» enfocado en una «reducción estructural del costo país». El movimiento enfatizó que esta iniciativa trasciende las divisiones partidarias, tratándose de una cuestión de «supervivencia nacional». Subrayaron que, para asegurar el futuro del país, el esfuerzo para sostenerlo debe distribuirse equitativamente, y el sector público está llamado a aplicar la misma rigurosidad en sus ajustes que el sector privado realiza mensualmente. En consecuencia, la proclama advirtió que interrogarán a cada legislador, representante popular y ministro sobre las acciones que implementarán para «aliviar la carga» que pesa sobre el Uruguay productivo. Las respuestas, o la ausencia de ellas, serán «hechas públicas».
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