Durante la reciente Expo Rural de Melilla, el Dr. Juan Andrés Urgoiti, abogado del Estudio Jurídico Bragard, subrayó la importancia de los Acuerdos Privados de Reorganización (APR) como solución vital para empresas agropecuarias que atraviesan dificultades económicas, con flujos de caja bajo presión. Su intervención, en el marco de las conferencias de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se centró en ofrecer «Herramientas legales para afrontar periodos de estrés financiero».
En su exposición, Urgoiti describió un panorama económico desafiante, articulado en tres frentes. A nivel nacional, la economía muestra una desaceleración del PBI, con proyecciones a la baja para el crecimiento en los próximos períodos, rozando la recesión técnica. Internacionalmente, la inestabilidad geopolítica, particularmente el conflicto en Medio Oriente, ha disparado los costos de insumos esenciales como el petróleo y los fertilizantes, vaticinando un impacto prolongado en la actividad económica, la inversión y una posible reactivación inflacionaria. A estos factores se suman los efectos devastadores de eventos climáticos extremos. La sequía, por ejemplo, ha golpeado duramente la producción de soja –el tercer producto de exportación nacional en 2025 con US$ 1.420 millones–, anticipándose una reducción del 40% al 50% en los volúmenes cosechados respecto al año anterior. Esta situación representa una pérdida estimada de US$ 1.500 millones para el país, un monto significativo que mermará el flujo económico y afectará a toda la cadena de valor del sector agropecuario, desde productores hasta transportistas, proveedores y comercios locales, impactando también en la recaudación tributaria debido a la menor exportación de commodities.
Frente a este complejo panorama, el Dr. Urgoiti resaltó el APR como una solución idónea para las empresas, especialmente las del ámbito agropecuario, que enfrentan presiones en sus flujos financieros. Un APR, o Acuerdo Privado de Reorganización, es un pacto entre un deudor y sus acreedores que permite reestructurar las condiciones de las deudas. Su flexibilidad abarca desde quitas y extensiones de plazos hasta la modificación de vencimientos, establecimiento de nuevas garantías y cualquier otra disposición legalmente válida para redefinir el esquema financiero. Este mecanismo se distingue por ser de naturaleza privada y por su carácter preventivo, buscando evitar la declaración judicial de concurso de acreedores o la liquidación de activos. Facilita la superación de problemas financieros de manera estructurada, eficiente y rápida, garantizando la continuidad de la unidad productiva y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Una vez que el APR obtiene aprobación judicial, el deudor queda protegido de acciones legales por parte de sus acreedores, lo que le permite concentrarse en la gestión y operación normal de su actividad sin la interferencia de un síndico o interventor, una diferencia clave respecto a los procesos concursales tradicionales.
Un aspecto crucial para el éxito de estos acuerdos, según el Dr. Urgoiti, radica en la detección temprana de la insolvencia y la proactividad del deudor al iniciar el diálogo con sus acreedores. Identificar las dificultades financieras a tiempo no solo protege mejor los intereses de los acreedores, sino que también conduce a resultados más favorables para ambas partes. La demora en reconocer y actuar ante la insolvencia a menudo fuerza el recurso a procesos concursales o de liquidación, lo que, a su vez, conlleva una mayor depreciación del valor del negocio y los activos, disminuyendo las expectativas de cobro para los acreedores. En este contexto, el marco legal define el «estado de insolvencia» como la incapacidad actual o inminente de una entidad económica para satisfacer sus obligaciones en los plazos y condiciones pactadas, utilizando los fondos generados por su propia actividad.
Dada la coyuntura actual del sector agropecuario, especialmente el agrícola, el Dr. Urgoiti enfatizó la importancia crítica de revisar y proyectar los flujos de ingresos y egresos. Con una previsible disminución de los ingresos debido a menores volúmenes de cosecha y un probable aumento de los egresos por los factores ya mencionados, la insolvencia podría manifestarse en pocos meses. Por ello, instó a las empresas a considerar la apertura de un proceso de negociación con sus acreedores que culmine en un APR si las proyecciones de flujo de fondos indican una imposibilidad inminente de cumplir con los pagos. Un accionar temprano y el contacto proactivo con los acreedores demuestran profesionalismo y prudencia, fomentando una mayor confianza en el proceso de negociación.
En respuesta a una consulta, el abogado afirmó que esta herramienta ya ha sido implementada con éxito en diversos subsectores del agro, incluyendo empresas ganaderas, agrícolas, productoras de malta y cebada, y del sector lácteo. En la vasta mayoría de estos casos, el APR facilitó una salida organizada y efectiva de las dificultades financieras.
El Dr. Urgoiti, quien es abogado por la Universidad de la República y posee un posgrado en finanzas de la Universidad Católica Argentina, compartió su satisfacción personal y la de su firma por haber participado en el ciclo de conferencias organizado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Expo Rural de Melilla 2026. Resaltó el orgullo de haber sido parte del evento, de haber recorrido la exposición y de haber sido testigo de la innovación y el dinamismo del sector agropecuario, extendiendo un agradecimiento especial a la ARU por la oportunidad brindada.
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