La mesa coordinadora de los sindicatos de funcionarios de empresas públicas ha determinado la convocatoria de un paro general para el próximo 8 de julio. La medida de fuerza busca reclamar un incremento en las partidas presupuestarias destinadas a estos organismos.
Esta acción ha sido aprobada, y cada gremio determinará la modalidad específica de su adhesión. No obstante, se asegurará la continuidad de servicios esenciales mediante guardias sindicales y la atención de situaciones de emergencia, según confirmó Álvaro Goichea, integrante de la dirección de la mesa sindical que agrupa a estas entidades.
El dirigente expresó su preocupación por los anuncios de una Rendición de Cuentas que no contempla un aumento del gasto global. Goichea enfatizó que diversas empresas y organismos estatales enfrentan una «carencia de personal», y que las convocatorias para nuevas contrataciones no cubren las verdaderas necesidades para asegurar la calidad del servicio público.
Las solicitudes presupuestarias de cada empresa pública deben ser presentadas al Parlamento antes de finalizar julio. Por otro lado, el plazo máximo para que el Poder Ejecutivo envíe su Rendición de Cuentas es el 30 de junio.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ya han establecido las directrices. Estas instancias no consideran factible un incremento neto del presupuesto general del Estado, pero sí proponen reasignaciones de fondos dentro de los ministerios o entre ellos. El objetivo es reforzar áreas como las políticas para la primera infancia, la atención a personas en situación de calle y la seguridad.
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