Este jueves, el presidente Orsi fue consultado acerca de la determinación de la empresa Cardama de retirarse del proceso de conciliación judicial entablado con el Estado uruguayo, a raíz de la rescisión gubernamental de su contrato. Orsi indicó que tomó conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación y afirmó que, en primera instancia, esta acción no alterará la estrategia legal del Poder Ejecutivo. Dicha estrategia se mantiene enfocada en la recuperación de los aproximadamente 30 millones de dólares ya abonados al astillero español y, simultáneamente, en la adquisición de las patrulleras oceánicas indispensables para la vigilancia del mar territorial.
“Debemos buscar el resarcimiento adecuado y, por supuesto, asegurar la obtención de las patrulleras. Al mismo tiempo, el sector privado debe trazar su propia ruta para evitar mayores perjuicios de los ya existentes, son dinámicas habituales”, sostuvo Orsi, en referencia a la información divulgada por el semanario Búsqueda.
Interrogado sobre si la decisión de Cardama de abandonar la conciliación judicial valida la posición del gobierno, Orsi puntualizó: “Me enteré por la prensa, regresé anoche de Chile. Pero, más allá de eso, la razón nos asiste porque evaluamos que no representaba un buen negocio para Uruguay y su continuidad conllevaba riesgos significativos”.
Respecto a posibles modificaciones en la estrategia gubernamental, el mandatario fue enfático: “No, no lo preveo. Tal vez algún especialista sugiera ajustar algo, pero actualmente nuestra prioridad es hallar los instrumentos necesarios para el control efectivo del mar territorial y la zona costera”.
De acuerdo con información obtenida por Subrayado de fuentes de Presidencia, la determinación de Cardama consistió en pedir la suspensión de la audiencia de conciliación programada para el próximo 16 de marzo. La solicitud original del astillero ante el juzgado buscaba una compensación económica por la terminación del acuerdo. Desde Presidencia se desconoce si Cardama emprenderá futuras acciones legales en otras instancias judiciales.
Subrayado contactó a Mario Cardama, propietario del astillero español, quien declinó hacer comentarios, aduciendo que “no es el momento oportuno para declaraciones”.
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