El astillero Cardama ha presentado sus argumentos formales al Estado uruguayo en respuesta a la rescisión del contrato decidida por la administración de Yamandú Orsi. En un documento enviado el 13 de marzo, al que *Subrayado* tuvo acceso, la empresa española calificó la actuación estatal como «incongruente» y «una improvisación prepotente», tildando la anulación del acuerdo de «ilegítima». El escrito critica lo que describe como «un proceder abusivo y malintencionado» por parte del Estado uruguayo, alegando que nunca hubo interés en escuchar sus justificaciones.
Asimismo, Cardama sostiene que la intención del gobierno uruguayo de reclamar una indemnización por el presunto incumplimiento contractual es el «corolario» de una gestión «errática, confusa e incorrecta», producto de «actitudes tozudas» y de un «desprecio por la legalidad». La compañía exige a Uruguay que tome todas las medidas necesarias para desalojar de sus instalaciones las estructuras ya construidas de las patrulleras oceánicas, las cuales, según afirma, «ocupan buena parte» de su astillero.
Esta información ha provocado la reacción del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. En su cuenta de X, Sotelo advirtió sobre las posibles consecuencias, prediciendo «arbitraje internacional, indemnización a la empresa, patrulleras que van a costar el doble» y que «el frente marítimo [quedará] a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo». Concluyó su mensaje cuestionando la prioridad de los intereses del país en esta situación.
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