Este viernes 11 de abril de 2026, se llevó a cabo la primera sesión judicial en el juzgado civil, a raíz del recurso de amparo interpuesto por organizaciones ecologistas en Uruguay. La demanda, dirigida contra la actividad de prospección sísmica, tiene como partes demandadas al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, Ancap y la compañía responsable de ejecutar dicha operación en el país.
Hoenir Sarthou, el abogado que representa a los grupos ambientalistas, explicó que esta instancia inicial consistió en «escuchar las argumentaciones de defensa» de los tres ministerios, Ancap y la empresa citada.
«Ahora procederemos a evaluar los argumentos presentados. Este proceso se extenderá hasta la próxima semana, específicamente el martes, día en que se tomarán las declaraciones de once testigos. Tres de ellos serán propuestos por nuestra parte, mientras que el resto lo harán por los demandados», detalló el letrado.
Sarthou adelantó con firmeza: «Cualquiera que sea la resolución del tribunal, seguramente habrá una apelación». El jurista fundamentó su postura en los antecedentes de prospecciones anteriores y en la experiencia del equipo científico que elaboró el informe base de la demanda. Dicho informe, según Sarthou, establece «una serie de hechos objetivos cuyos efectos perjudiciales son ineludibles». Adicionalmente, recalcó que el propio Ministerio de Ambiente clasificó el proyecto como de «categoría C», imponiendo condiciones y solicitando planes de mitigación, «dado que se reconoce que es una actividad dañina para el medio ambiente».
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