Claudia González, quien preside la asociación de fiscales, afirmó que el andamiaje judicial de Uruguay «no se verá comprometido por un mero traslado». Sus declaraciones aludieron al reciente cambio de dependencia del fiscal Alejandro Machado, una decisión que generó críticas del Frente Amplio dado que Machado manejaba expedientes de alto perfil como los casos Cardama y el pasaporte de Sebastián Marset.
González enfatizó que la controversia mediática en torno al caso Machado «ha enturbiado un poco el sistema», dando la falsa impresión de que la justicia peligra por esta situación. Sin embargo, aclaró con vehemencia que el verdadero riesgo radica en la «carencia de personal». «El sistema de justicia está en peligro por la falta de personal, no por un traslado», sentenció. La fiscal advirtió este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que esta insuficiencia de recursos humanos conduce directamente a la impunidad. «El peligro real que percibo es la impunidad», explicó, ya que la ausencia de personal suficiente impide que los casos se analicen, procesen e investiguen adecuadamente, permitiendo así que responsables queden sin sanción.
«El sistema opera eficazmente gracias al compromiso de quienes lo integran. No obstante, estas personas pueden enfermar o retirarse», manifestó González. Destacó que los fiscales afrontan un nivel de «agotamiento» significativo debido a la excesiva carga laboral. «Actualmente, muchos fiscales se jubilan a los 60 años. ¿Por qué, si podrían seguir ejerciendo por una década más?», cuestionó, atribuyendo esta situación a un cansancio extremo que se ha vuelto una constante en la profesión.
Al aproximarse el décimo aniversario del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), implementado en 2017, González enfatizó la urgencia de una «reforma integral de la Fiscalía». «Es insostenible seguir operando con equipos de apenas tres personas», señaló. La presidenta de la asociación subrayó que la elección del próximo Fiscal de Corte no debería centrarse en un candidato específico, sino en la visión y el plan que este proponga para modernizar y fortalecer el organismo. En esta línea, criticó la incapacidad de los partidos políticos para consensuar la designación de un Fiscal de Corte titular permanente.
Recordó que Jorge Díaz fue el último Fiscal de Corte con nombramiento titular (actualmente prosecretario de Presidencia en la gestión de Yamandú Orsi). Posteriormente, Juan Gómez ocupó el cargo de forma subrogante, y tras su renuncia por motivos de salud, Mónica Ferrero asumió esa misma función, manteniéndola hasta la fecha. La falta de consenso entre el Frente Amplio y la oposición ha impedido nombrar a una figura definitiva al frente de la Fiscalía General.
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