El ámbito agropecuario uruguayo se encuentra en un estado de análisis intenso, concentrado en los efectos combinados de la sequía y la variación del dólar, así como en la reciente declaración de emergencia emitida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Desde la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se ha manifestado una profunda inquietud.
Durante la Expo Durazno, Rafael Ferber, presidente de la ARU, describió la coyuntura que enfrentan los productores. «El déficit hídrico que estamos padeciendo configura una situación de ‘luz naranja’ en la agricultura que demanda atención urgente», afirmó. Ferber detalló que las gremiales están en contacto tanto con el MGAP como con el Ministerio de Economía, buscando «poner sobre la mesa herramientas financieras que permitan al sector mantener la cadena de pagos y afrontar una siembra de invierno vital para defender el trabajo de tantos uruguayos».
Las proyecciones de la ARU estiman que las pérdidas para los productores, solo en cultivos de soja, podrían ascender a unos 800 millones de dólares en comparación con el año anterior. Además, Ferber hizo hincapié en la presión del dólar: «Los dólares que convertimos en enero de 2026, en relación con enero de 2025, representaron un 30% más para cubrir las mismas obligaciones».
En respuesta a la emergencia, el MGAP resolvió este martes declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por un período de 90 días. Esta medida abarca los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo, y en seccionales específicas de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores.
El ministro Alfredo Fratti reconoció la posibilidad de que surjan problemas similares en otras seccionales o departamentos. En este sentido, planteó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la viabilidad de otorgar garantías a través del sistema SIGA para que los productores que sufrieron pérdidas totales puedan retomar sus actividades de siembra. Asimismo, se sugirió la opción de utilizar certificados de descuento del BPS y la DGI para la adquisición de combustibles o para saldar deudas bancarias.
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